Este artículo fue publicado originalmente en el número de Mayo-Junio 2001 del periódico Children's Advocate, publicado por Action Alliance for Children.

Acceso a los servicios de salud: Hablando su idioma

Por Adrianna Khoo

Traducción al español: Lucrecia Miranda

Una ley de California con 28 años en vigor garantiza a todas las personas su derecho a recibir los servicios del estado en su propio idioma, en toda agencia estatal donde más del 5 por ciento de sus clientes hable dicha lengua. Pero una auditoría reciente mostró que sólo dos de las 10 agencias encuestadas conocían siquiera la existencia de la mencionada ley, mientras que sólo una estaba traduciendo los materiales para el público.

Las organizaciones de Los Angeles Chinese for Affirmative Action (CAA), Mexican American Legal Defense and Education Fund (MALDEF), y Maternal and Child Health Access, se encuentran liderando una campaña para fortalecer y demandar la puesta en práctica de esta ley, llamada Dymally-Alatorre Act. Esta primavera, varios testigos en audiencias públicas de Los Angeles y San Francisco describieron algunos de los problemas que han de experimentar las familias antes la falta de puesta en vigor de la mencionada ley.

Carrie Mai, de 17 años, cuya familia ha estado en Estados Unidos por menos de tres años, dice: "Mis padres tienen que trabajar y mi mamá no quiere llamar a Healthy Families. El año pasado envié un cheque de 22,65 dólares y recibí una carta diciendo que iban a cancelar mi seguro médico, así que envié otro cheque. Pero siguieron enviándome más cartas. Ni siquiera puedo entender la carta, no puedo traducir claramente al chino, y no tengo tiempo. Pero mis padres se enojan y me preguntan: '¿Qué aprendiste en la escuela'"?

Grace Zeng, de 15 años, cuenta cuán asustada estaba cuando su pequeño hermano estuvo enfermo y no podía traducir a su madre lo que el doctor estaba diciendo. "Daba mucho miedo, porque no sé qué es lo que está pasando, y la verdad es que tampoco puedo traducir exactamente palabras como 'toser'". Grace terminó llamando a su tía para que venga desde San Leandro a San Francisco a traducir.

"Las personas que no hablan inglés pagan impuestos y trabajan en las comunidades, por lo cual habrían de tener el mismo acceso al idioma que todo el mundo", dice Ted Wang, de CAA.

Abogados por los derechos a la lengua dicen que el estado de California habría de:

• Imponer penalidades a las agencias del estado que no cumplan con la ley Dymally-Alatorre. En la actualidad no existe penalidad alguna.

• Requerir a las agencias del estado que presenten sus informes en los idiomas de sus usuarios y servicios.
• Disponer que el Comité de Personal del Estado (State Personnel Board) decida qué documentos han de ser traducidos.

Si usted tiene problemas para acceder a servicios en su propio idioma, o quiere prestar su ayuda para abogar por los derechos a la lengua, póngase en contacto con:

• Chinese for Affirmative Action: 415-274-6760
• MALDEF: 213-629-2512
• Asian Pacific American Legal Center: 213-977-7500
• Maternal and Child Health Access: 213-749-4261

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