Este artículo fue publicado originalmente en el número de Mayo-Junio 2008 del periódico Defensor de los Niños, publicado por Action Alliance for Children.

Instantánea de la comunidad

Las comunidades de Riverside luchan por un aire limpio

Por Aqueila M. Lewis

Traducción al castellano: Lucrecia Miranda

La gente debe saber que el gasóleo es muy peligroso,” dice Raquel Contreras. “Es importante saber cómo defenderse”. Contreras y sus vecinos de Mira Loma, un pueblo rural de bajos ingresos y de mayoría latina en el condado de Riverside, aprendió estas lecciones cuando varios almacenes atrayendo intenso tráfico de camiones gasoleros comenzaron a instalarse en el área.

Llevó años, pero trabajando con el Center for Community Action and Environmental Justice (CCAEJ, Centro para la Acción Comunitaria y la Justicia Ambiental), los residentes sí se defendieron, y conquistaron importantes protecciones contra la contaminación por gasóleo.

Involucrando a los residentes

La vecina Rose Vielmas empezó a participar “cuando leí un cartel que preguntaba si sabías lo que estaba pasando en la comunidad y lo que había en el aire. [Así que] fui a una reunión en la escuela”.

La contaminación atmosférica en la escuela secundaria era especialmente mala, agrega Contreras, “ya que todos los niños hacían sus actividades allí y todos los camiones se paraban allí con el motor en marcha. Muchos niños en la comunidad tienen asma y alergias”.

Venciendo obstáculos

Primero los residentes “tuvimos que convencer a la gente para que se reuniera haciéndoles saber lo que estaba pasando en los alrededores de nuestra comunidad”, recuerda Vielmas. “Muchísima gente pensaba que estábamos perdiendo el tiempo. Otros no nos creían y no querían hacer cambio alguno”, dice Contreras.

Conseguir cambios también implicó convencer a los políticos de que escucharan a una comunidad de bajos ingresos. “Los almacenes y la contaminación se localizan donde los encargados de tomar decisiones no tienen ningún interés”, comenta la directora ejecutiva de CCAEJ Penny Newman. “Si ellos piensan que pueden salirse con la suya poniendo esas instalaciones en comunidades pobres, lo harán”.

Implicar a los reguladores

Los residentes llevaron sus preocupaciones al Distrito (local) de Gestión de la Calidad del Aire (AQMD, según las iniciales in inglés de Air Quality Management District). “Mantuvimos la presión sobre el AQMD asistiendo a sus reuniones y sacando el tema de Mira Loma”, dice Newman. El grupo también organizó reuniones en la comunidad y publicó artículos en periódicos locales.

El AQMD respondió haciendo un estudio de la calidad del aire en Mira Loma y concluyó que debía haber una “zona de amortiguación” entre almacenes y áreas residenciales. “Después de mucha presión por parte de las comunidades,” dice Newman, el Consejo de Recursos del Aire de California también creó “regulaciones de uso del suelo” que recomiendan una zona de amortiguación.

Residentes como investigadores

Mientras tanto, los residentes de Mira Loma trabajaron junto a investigadores de la Universidad de Southern California (USC) en un estudio sobre salud infantil centrado en el asma en niños pequeños. Los investigadores de USC enseñaron a los residentes de Mira Loma cómo hacer conteos precisos del tráfico de camiones y medir la contaminación atmosférica.

“El P-Track cuenta las partículas de gasóleo en el aire”, explica Contreras, que recibió formación sobre cómo utilizar el instrumento. “Nos sentábamos cerca de la calle por unas horas y [luego] mirábamos el número en el P-Track”.

La participación de los residentes fue importante, dice Vielmas: “¡Necesitamos saber qué está pasando aquí!” Más tarde los residentes organizaron una protesta comunitaria y presentaron los resultados del estudio al Consejo de Supervisores de Riverside.

Victorias reales

Al final, dice Newman, “habíamos presentado tanta evidencia que fue difícil para (los supervisores) seguir aprobando instalaciones sin hacer algo”. Las ordenanzas del condado ahora exigen una zona de amortiguación de mil pies (304,8 metros) entre almacenes y áreas residenciales. Además, agrega Newman, “impedimos que más de setencientos acres (283 hectáreas) sean convertidos a almacenaje industrial”.

Center for Community Action and Environmental Justice: 951-360-8451; www.ccaej.org

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